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Promueven reformas para que las entidades federativas contraigan deuda sólo con autorización de su Congreso

Por: Redacción

Cámara de San Lázaro

 

El diputado Carlos Sánchez Barrios (Morena) promueve una iniciativa para establecer que sólo con autorización de la mayoría calificada del Congreso local, los estados y municipios puedan contratar obligaciones para el refinanciamiento o reestructura de la deuda pública.

 

Sólo se permitirá durante los primeros doce meses del periodo constitucional y cuando la administración pública se asuma en condiciones de quiebra financiera, previa denuncia ante las instancias estatales de control.

 

El legislador indicó que las reformas a la Constitución y a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, aprobadas en 2015 y 2016, permitieron que los poderes ejecutivos estatales tuvieran la facultad de contratar créditos a corto plazo, sin requerir la aprobación del Congreso local.

 

“Se atentó directamente contra el principio básico de la división de Poderes y se dejó en un solo orden de gobierno el manejo de recursos que pertenecen a la generación presente, pero también a las siguientes”, manifestó.

 

El diputado, secretario de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, precisó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público observó que entre 2001 y 2017, las obligaciones financieras del sector público subnacional se incrementaron 60 por ciento respecto al Producto Interno Bruto (PIB); es decir, la deuda de las entidades federativas pasó de 1.9 a 3 por ciento del PIB.

 

Asimismo, el saldo de las obligaciones financieras de estados, municipios y sus entes públicos, respecto de las participaciones, durante el mismo periodo, pasó de 50.9 a 75.2 por ciento; por tanto, la deuda creció de 100 mil 243.1 millones de pesos, a 580 mil 644.7 millones de pesos.

 

En su iniciativa, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y publicada en la Gaceta Parlamentaria, Sánchez Barrios consideró que el incremento de deuda en estados y ayuntamientos es alarmante eimplica que las cargas monetarias de las administraciones locales, no sólo dejaron de contribuir a elevar la productividad, sino redujeron los montos disponibles para la inversión prioritaria.

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