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Presidente López Obrador presenta Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas

Por: Redacción

El Mirador Noticias

 

 

En la ruda de prensa matutina, se presentó el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la cual prioriza la búsqueda y rescate de personas aún con vida en la el cautiverio.

 

La trata de personas es un tema que ha crecido y se hecho más evidente a través de los intentos de secuestro en la Ciudad de México, donde han surgido una serie de casos que han conmocionado a la ciudadanía.

 

El plan propuesto por el presidente de la república y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, tiene once puntos:

 

1. Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB). Queda atrás la simulación y por primera vez se reinstalará el SNB en estrecha coordinación con las entidades federativas y sus fiscalías. Se espera que la consolidación definitiva de este sistema quede lista en marzo.

 

2. Nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Esta semana se realizarán entrevistas con los once postulantes; se prevé que el viernes 8 de febrero se dé a conocer al nuevo (a) titular.

 

3. Comisiones locales de búsqueda. A la fecha se han conformado comisiones locales en ocho entidades. Se exhorta al resto de ellas a cumplir el ordenamiento legal en la materia, expedido hace más de un año.

 

4. Presupuesto 2019. Para este año se han asignado 400 millones de pesos que se ejercerán plenamente por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda. Asimismo, se busca acceder a recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados (que asciende a 7 mil 500 millones de pesos para 2019) con el fin de realizar acciones de identificación forense, búsqueda, exhumación y tareas relativas al Sistema Único de Información.

 

5. Protocolo de Investigación y de Búsqueda. Abarca protocolo homologado de investigación de los delitos vinculados con la desaparición forzada, así como protocolos homologados para búsqueda, exhumación e identificación. Lo anterior, con un enfoque diferenciado por región.

 

6. Coordinación y Células de Búsqueda en Vida. Se favorecerán las tareas de carácter preventivo y se dará prioridad a la búsqueda en vida. Ello permitirá, entre otras cosas, prevenir y atender lo relativo a delitos vinculados con la trata de personas.

 

7. Atención a Víctimas. Se dará atención especial a las víctimas de delitos vinculados con trata de personas y migrantes. Asimismo, serán replanteadas las funciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

 

8. Instituto Nacional de Identificación Forense. Se creará dicha instancia con el fin de coordinar los servicios forenses de todo el país. Se ha trabajado en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja Mexicana, Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), esperando tener listo el INIF en marzo.

 

9. Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (SUITI). Será sistematizada la información disponible en hospitales, centros de atención siquiátrica, Sistemas DIF, centros de salud y de atención de adicciones, así como el sistema penitenciario del país, servicios médicos forenses, Registro Nacional de Personas Fallecidas, albergues públicos y privados, panteones o lugares donde se depositan restos mortales.

 

10. Asistencia Técnica Internacional. Se han establecido convenios con organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para el Desarrollo; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH): Comité Internacional de la Cruz Roja; Agencia de Cooperación Internacional Alemana; Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, se han entablado pláticas con la Unión Europea.

 

11. Justicia y Tipificación del Delito. Implica el cabal cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; establecer la plena responsabilidad en delitos de desaparición forzada por parte de superiores jerárquicos de agencias del Estado.

 

Además, brindar beneficios de ley por colaboración eficaz, lo que incluye mecanismos de protección a testigos a las personas que proporcionen la información para el esclarecimiento de estos hechos.

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