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Los empresarios mineros deberán proteger comunidades y entorno donde realizan sus actividades

Por: Redacción

Cámara se Senadores

 

 

El senador Manuel Añorve Baños propuso reformar la Ley Minera para que los empresarios se comprometan a proteger las comunidades donde desarrollen concesiones mineras, tomando en consideración la cultura y forma de vida de sus pobladores, además de remediar las afectaciones que ocasionen al medio ambiente y a las actividades económicas y sociales de las mismas.

 

El legislador del Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 27 de la legislación de la materia, con ese motivo.

 

Expuso que la minería en México ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial y se ubica entre los principales productores de minerales, como: bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre.

 

Destacó que esa actividad es una de las principales actividades generadoras de empleo en el país. Al finalizar octubre del año pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social contabilizó 385 mil plazas laborales directas en ese sector que, de manera indirecta, generan alrededor de 2 millones de empleos.

 

Señaló que a pesar de su importancia económica, la mayor parte de la industria lleva implícitas afectaciones medioambientales que no deben ser soslayadas en el diseño y ejecución de las políticas para su modernización y desarrollo.

 

Aseguró que la explotación minera en diversas regiones del país no se ajusta a procesos sustentables, lo que ha provocado graves afectaciones al medio ambiente en las comunidades donde se desarrolla. La más importante es la contaminación de los mantos acuíferos que provoca que, actividades como la agrícola y la ganadera, resulten perjudicadas.

 

La consecuencia, afirmó, ha sido la expulsión de cientos de pobladores que se ven obligados a emigrar a las grandes urbes o al extranjero en búsqueda de otras formas de sobrevivencia.

 

“Esto obliga al Estado mexicano a tener una regulación más estricta para el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales no renovables, como es el caso de la actividad minera, pero al mismo tiempo es necesario que su intervención vaya encaminada a hacerla convivir con la vida económica y social de los pobladores en aquellas comunidades donde se lleva a cabo”, indicó.

 

El gobierno de México, subrayó, en concordancia con las experiencias internacionales, está obligado a preservar el derecho de sus habitantes a gozar de un ambiente sano y equilibrado en el desarrollo de las actividades económicas que desarrollen.

 

Añorve Baños argumentó que por estas razones, su propuesta de reformas tiene el objetivo de lograr que la minería se incorpore dentro de la actividad económica bajo la concepción del desarrollo sustentable, además de ofrecer seguridad jurídica a los pobladores de las comunidades, municipios y entidades federativas, y de los tratados internacionales firmados por nuestro país.

 

La iniciativa fue turnada para estudio y dictamen a las comisiones unidas de Minería y Desarrollo Regional, y de Estudios Legislativos.

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