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Penas de seis a 12 años de prisión a quien cometa el delito de desplazamiento forzado interno

Por: redacción

Cámara de San Lázaro

 

 

Con el fin de imponer penas de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa a la persona que cometa el delito de desplazamiento forzado interno, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de la Comisión de Justicia que modifica el Código Penal Federal.

 

La reforma que adiciona un capítulo tercero denominado “Desplazamiento Forzado Interno” al título Decimoctavo “Delitos contra la Paz y Seguridad de las Personas”, y adiciona el artículo 287 Bis al ordenamiento, señala que comete este delito quien de manera individual o colectiva, mediante violencia o cualquier otro medio o acto coactivo, realizado contra una persona o grupo de personas, ocasionen que abandonen su lugar de residencia.

 

El dictamen avalado en lo general y particular con 429 votos a favor y turnado al Senado de la República, cita que la pena aumentará hasta una mitad cuando el delito se cometa en contra de una niña, niño, adolescente, persona defensora de derechos humanos y periodistas.

 

Aclara que no se entenderá por desplazamiento forzado interno el movimiento de población que realice la autoridad cuando tenga por objeto la seguridad de la misma o por mandato judicial.

 

Al fundamentar el dictamen, el diputado Rubén Cayetano García (Morena), secretario de la Comisión, dijo que la movilidad forzada está calificada como una de las crisis humanitarias más importantes y representa uno de los grupos poblacionales desprotegidos.

 

Este sector enfrenta situaciones de pérdidas materiales, afectaciones psicológicas, sociales, ruptura familiar, desintegración de vínculos sociales, culturales, dificultad para acceder al sistema educativo; además, las personas que huyen no tienen garantizados sus derechos humanos, principalmente alimentación, vivienda, educación y salud.

 

Subrayó que este fenómeno rompe dramática y trágicamente el tejido social. Ocurre de manera masiva o individual y repentina o gradual.

 

Detalló que el individual, o gota a gota, es el desplazamiento invisible que involucra núcleos familiares pequeños que abandonan su comunidad de origen de manera aislada y discreta, como consecuencia de atentados hacia la integridad de su familia, o para escapar del riesgo que significa vivir en una determinada comunidad insegura o violenta. El masivo; es decir, movilización simultánea de 10 o más núcleos familiares por una misma causa, ocurre después de un ataque dirigido a los habitantes de una comunidad.

 

Afirmó que la violencia es la razón para que cada vez más personas tengan que abandonar sus hogares y se encuentren en situación de extrema desprotección y vulnerabilidad.

 

A pesar de ello, aseguró que no existe una ley que lo regule como un hecho generador de violaciones de derechos humanos y establezca los mecanismos de prevención. Los estados que han publicado leyes sobre prevención y atención de desplazamiento forzado interno son: Chiapas y Guerrero; sin embargo, en ambas entidades no existe reglamentación que permita delinear políticas y programas de gobierno que beneficien a los desplazados, por lo que leyes resultan inoperantes.

 

Además, en la Ley General de Víctimas se hace referencia a este fenómeno al reconocerlo como violación de derechos humanos; no obstante, se estima que debe ser considerado como hecho victimizante autónomo, subrayó.

 

Cayetano García aseveró que son los defensores de derechos humanos quienes más sufren de este ataque debido a la defensa contra los abusos de poder hacia las minorías, oponiéndose a las barreras tradicionales para los derechos de las mujeres y personas con identidades de género u orientaciones sexuales diferentes a la heterosexualidad, y combatiendo condiciones laborales abusivas.

 

También los periodistas están más propensos de ser amenazados y a sufrir algún tipo de violencia, ataque o agresión, debido a la actividad que realizan y porque no gozan de buenas condiciones laborales, medidas de protección y protocolos de seguridad.

 

“Es responsabilidad del gobierno prevenir este delito y asistir a las víctimas en su reinserción a la sociedad de forma satisfactoria, reparando los daños, toda vez que este fenómeno debe ser entendido como una desprotección de facto del Estado por prever medidas necesarias que eviten que la persona o grupo de personas sean víctimas de las diversas formas de violencia, y no haber establecido las condiciones y los medios para el retorno seguro de quien haya sido desplazado”, puntualizó.

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