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Reconocimiento como sujetos de derecho público, fundamental para que pueblos indígenas alcancen verdadero desarrollo desde su autonomía

Por: Redacción

SHCP

 

 

En los tres foros de consulta libre, previa e informada, celebrados este domingo 30 de junio, pueblos indígenas exigen reconocimiento constitucional como sujetos de derecho público, pues manifestaron que sólo a través de este marco legislativo pueden acceder a un verdadero desarrollo desde su autonomía y no desde el tutelaje del Estado.

 

Los foros se desarrollaron en la Ciudad de México, Morelos y Estado de México, como parte del Proceso de Consulta Libre, Previa e Informada para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.

 

En Toluca solicitan acceso a concesiones de fuentes naturales de agua

 

En Toluca de Lerdo, Estado de México, 242 personas de los pueblos indígenas mazahua, otomí, náhuatl, matlatzinca, tlahuica, totonaco y población indígena migrante pidieron protección a sus tierras y territorios mediante la determinación de sus límites urbanos; así como el acceso a concesiones de los manantiales y acuíferos.

 

Del mismo modo, pidieron se reformen las leyes correspondientes para que se reconozca la organización de los pueblos y su autonomía dentro sus propios territorios, fortaleciendo y respetando sus sistemas económicos y de organización.

 

Pueblos y barrios originarios, por la conservación territorial en Ciudad de México

 

En el foro de la Ciudad de México se contó con la participación de 514 personas pertenecientes a pueblos náhuatl, otomí, mazahua, matlatzinca, tlahuica y población indígena migrante, así como a los pueblos y barrios originarios de la capital.

 

Por consenso, las y los participantes abordaron los ejes temáticos en dos mesas de trabajo: una conformada por representantes de los pueblos indígenas y afromexicano residentes, y una segunda mesa integrada por pueblos y barrios originarios.

 

En la mesa de trabajo conformada por pueblos y barrios originarios, las y los participantes plantearon la urgencia de asegurar la conservación territorial ante la expansión urbana.

 

En paralelo, los pueblos indígenas y afromexicano asentados en la capital del país, expusieron sus necesidades en materia de derechos, tanto en lo colectivo como en lo individual, debido a que éstos se ven vulnerados cuando se desplazan de sus comunidades de origen, por lo que exigieron protección jurídica a través de abogados e intérpretes en sus propias lenguas.

 

Además, expresaron su inconformidad con ser llamados “pueblos indígenas migrantes”, y solicitaron ser denominados “pueblos residentes”, pues, expresaron, que ninguna persona debe ser migrante en su propio país. Del mismo modo, pidieron crear una circunscripción indígena para tener facultades de acceder a cargos públicos y conformar un distrito indígena con representación electoral en la capital del país.

 

En Morelos piden más facultades para autoridades comunitarias

 

En Cuernavaca participaron 228 personas del pueblo náhuatl y de la población indígena migrante, que, entre otros acuerdos, plantearon se reforme el artículo 27 constitucional, para garantizar el respeto y posesión de las tierras y territorios de los pueblos indígenas.

 

Asimismo, coincidieron en que sus autoridades comunitarias deben tener la facultad de resolver conflictos en materia civil, así como en los asuntos relacionados a sus tierras, territorios y recursos naturales.

 

Determinaron también que se debe hacer especial énfasis en los derechos colectivos e individuales de los migrantes indígenas, por lo que pidieron que las instancias gubernamentales aseguren la calidad y capacidad de los albergues en las entidades del país, y se implemente un albergue para migrantes indígenas en el extranjero, donde se les brinde atención en sus propias lenguas.

 

Este proceso de consulta es realizado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Su objetivo es recibir opiniones, propuestas y planteamientos sobre los principios y criterios que habrán de sustentar la iniciativa de reforma constitucional y las correspondientes leyes reglamentarias sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano.

 

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