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México es un país peligroso para la defensa del medio ambiente; hay un registro de 122 asesinatos: Semarnat

Por: Redacción

Cámara de San Lázaro

 

 

Diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, se reunieron con el secretario del ramo, Víctor Manuel Toledo Manzur, quien señaló que actualmente en México se tiene un registro de 122 asesinatos de ambientalistas, “lo que los pone en la misma dimensión de los periodistas y de los defensores de derechos humanos”.

 

Durante una reunión de trabajo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el funcionario precisó que, de acuerdo con la organización Witness International, México ocupa el cuarto o quinto país más peligroso para la defensa del ambiente.

 

El presidente de la instancia legislativa, diputado Roberto Antonio Rubio Montejo (PVEM), consideró que se deben unir esfuerzos para construir una política pública con visión ambientalista, que involucre a todas las dependencias federales, estatales, municipales, legislativas, judiciales y cuerpos policiacos.

 

Es necesario que en todo el territorio nacional se tenga la misma visión y se avance de manera más efectiva, para que lo que se haga, entregue y construya vaya de la mano con el medio ambiente, sostuvo.

 

Se pronunció por una política ambiental que “nos ayude a ponerle un alto inmediato al deterioro que generan los aspectos del cambio climático, que se respeten las regulaciones ambientales y que México cumpla y sea un ejemplo en la implementación de la Agenda 2030”.

 

Por ello, expresó su interés por conocer la aplicación y la visión ambiental en el gobierno federal porque como “uno de los mayores orgullos que tenemos de ser mexicanos es nuestra biodiversidad y naturaleza ambiental que nos hace ser únicos en el mundo”.

 

Durante los cuestionamientos, la diputada Irma Juan Carlos (Morena) consideró urgente atender la agenda ambiental y que sea parte de los temas prioritarios para el bienestar de los mexicanos. Destacó la importancia de atender los conflictos ambientales, que en su mayoría se encuentran en pueblos indígenas y comunidades rurales.

 

Inquirió cuál es el diagnóstico de los conflictos ambientales en todo el país y la estrategia para atenderlos; cómo la Semarnat visualiza que la política ambiental sea transversal.

 

Del mismo grupo parlamentario, la diputada Rosa María Bayardo Cabrera dijo que uno de los grandes retos para México y esta secretaría es transitar de una política depredadora con el medio ambiente a una de tipo ambiental incluyente. Destacó el caso de la termoeléctrica de Manzanillo, a la que se le han establecido varias multas por la generación de emisiones, y preguntó cuál es la estrategia para que esta planta use gas natural.

 

Por su parte, la diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal (PAN) expresó su interés por conocer en qué consiste el plan de manejo para la atención de especies exóticas-invasoras en las áreas naturales protegidas del Parque Nacional Cumbres de Monterrey.

 

Pidió conocer si se tienen fechas para la revisión de la actualización de las normas mexicanas 021, 023 y 026 relativas a la calidad del aire y su impacto en la salud de las personas. Asimismo, requirió la opinión del funcionario respecto al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

 

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN) pidió mandar una nueva inspección al Centro de Manejo Integral de Residuos Industriales Peligrosos en Coahuila, ya que no existe información alguna así como conocer el destino de los 80 millones de pesos otorgados a la entidad para la compra de filtros precisamente para atacar las altas concentraciones de arsénico en la laguna.

 

“Obviamente no está el dinero, no sé dónde quedó la bolita, hay muy pocos filtros. Me gustaría que nos apoyara en abrir esta investigación”.

 

Del PRI, el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez resaltó que el presupuesto disminuyó un 17.5 por ciento, por lo que faltó personal y acciones para combatir la problemática que se vivió este año debido a los incendios en toda la República y la mala calidad del aire.

 

Preguntó qué se piensa hacer para aumentar el presupuesto de diversas áreas y cuál es el avance en el diseño de la política ambiental, como el tema de la tasa cero de deforestación, el sistema de alertas para reducir la vulnerabilidad ante eventos extremos del clima y adopción de tecnologías alternativas, entre otras.

 

Dijo que su grupo parlamentario buscará mejorar el presupuesto para reforzar las acciones hacia el medio ambiente y así atender los 17 objetivos establecidos en la agenda 2030, a fin de responder a las necesidades que hay en los estados del país en esta materia.

 

El diputado Armando González Escoto (PES) consideró que hay muchas tareas pendientes y cada entidad tiene su propia problemática. Estimó que el marco normativo es muy grande y el problema es que “muchos de esos ordenamientos son letra muerta; no se cumplen”.

 

Pidió hablar sobre el presupuesto y las políticas que se van a seguir, a fin de “coordinarnos para que juntos podamos resolver la problemática que existe”.

 

También del PES, la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, dijo que actualmente el arrecife está sufriendo de manera importante, ya que hasta el 50 por ciento los corales están dañados, lo cual va avanzando con gran rapidez. “Me gustaría mucho saber en qué va la investigación; cómo vamos a resolverlo”.

 

La diputada Clementina Marta Dekker Gómez (PT) señaló que los humedales ayudan a mitigar el cambio climático, por lo que es de vital importancia detener el deterioro que sufren estas áreas y “pareciera que hay un cierto vacío en su protección”.

 

Preguntó cuáles son las estrategias implementadas para contrarrestar el impacto de las acciones humanas sobre los humedales y qué acciones se han realizado para asegurar la conservación de estos ecosistemas como patrimonio natural nacional.

 

Advirtió que la selva Lacandona ha sido deforestada de manera muy muy preocupante y no se ha detenido la comercialización y extracción de todos esos recursos maderables, lo que ha repercutido de manera directa en las comunidades indígenas. “Estamos implementando penas y sanciones por todos lados y con el tema de delitos graves que se aumenta el catálogo de delitos”.

 

En tanto, la diputada Ana Priscila González García (MC) refirió que desde finales de los años 70 la contaminación del Río Santiago ha ido en aumento debido a diversos factores, como el vertimiento de residuos químicos sin tratamiento especial, la descarga de aguas residuales derivadas de la producción agrícola y ganadera, así como “la falta de control y sanción por parte de las autoridades correspondientes”.

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